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Tema: Derecho Administrativo - Urbanismo - Dominio Público

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    Derecho Administrativo - Urbanismo - Dominio Público

    TÍTULO PRIMERO – LOS BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN: RÉGIMEN BÁSICO Y DOMINIO PÚBLICO


    TEMA VII. LOS BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN. RÉGIMEN BÁSICO


    1. LA ADMINISTRACIÓN Y LOS BIENES. HACIENDA, PATRIMONIO Y DOMINIO

    Los bienes de que disponen las Administraciones sirven a la satisfacción de los fines públicos que tienen asignados.

    La Constitución, en sus artículos 35 y 53, garantiza la propiedad de los particulares frente al Estado, pudiendo sacrificarse únicamente en beneficio de aquél interés mediante la justa indemnización. También contempla la Constitución diversas clases de bienes caracterizados por su titularidad correspondiente a los Entes públicos: a) bienes reservados al sector público (art. 128.2); b) bienes de dominio público, bienes comunales y bienes integrantes del Patrimonio Nacional; c) bienes patrimoniales de los Entes públicos (art. 132).

    Dentro de los bienes públicos, existe una gran división entre bienes de dominio público y bienes patrimoniales. Los bienes de dominio público son propiedad de un Ente público, pero están afectados a un uso o servicio público. Son los denominados bienes demaniales. Los bienes patrimoniales carecen de dicha afectación (art. 340 del Código Civil).

    El artículo 2 de la Ley General Presupuestaria de 1977 los diferencia de la Hacienda Pública, en el sentido de que si bien producen rentas para la misma, no forman parte de ella. Y esta misma distinción la estableces las Comunidades Autónomas en sus Estatutos.

    Siguiendo el art. 132 de la Constitución, los bienes de dominio público y los patrimoniales son objeto de reserva de ley.

    En cuanto a la regulación legal de los mismos, se contiene en diversos textos: Código Civil (arts. 338 a 345); Ley del Patrimonio del Estado, de 1964, y su Reglamento (Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre); legislación autonómica y local. La legislación autonómica debe acomodarse en esta materia a la legislación estatal, tal y como dictamina la Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de julio de 1982.

    2. PROPIEDADES PRIVADAS DE INTERÉS PÚBLICO



    Dada la función social de la propiedad que establece el ordenamiento jurídico, se impone a los titulares de determinados bienes una serie de obligaciones personales. Esto ocurre con mayor intensidad sobre determinados bienes, imponiendo incluso limitaciones a la transmisibilidad de los mismos, y otorgando a la Administración poderes especiales en aras del aprovechamiento de los mismos. De esta forma, los bienes así afectados sirven a fines de interés público de forma directa. En todo caso, estos límites de la propiedad privada deben ampararse en normas con rango de ley.

    3. RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LOS BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN

    El régimen básico aplicable a los bienes de la Administración viene constituido por un conjunto de reglas de Derecho Administrativo que comprenden la regulación de los órganos competentes para la gestión de los bienes, el régimen de inventarios, investigación, reivindicación y deslinde, así como la adquisición, gravamen y transmisión de los mismos. Según el artículo 2 de la Ley del Patrimonio del Estado, los bienes y derechos del Patrimonio se rigen por dicha Ley y subsidiariamente por las normas de Derecho privado civil o mercantil.

    Las reglas básicas aplicables a los bienes de la Administración configuran un régimen peculiar y exorbitante respecto al Derecho común, régimen que debe estar legitimado por normas con rango de ley,
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